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Ayotzinapa Vive: A un año de la desaparición de los estudiantes, sus familias continúan demandando verdad, justicia, y el fin a la guerra contra las drogas

Daniel Robelo

El 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y seis personas más. El caso de los normalistas simboliza a los desaparecidos en México, la corrupción de las instituciones mexicanas, y la barbarie desatada por la guerra contra las drogas.

Desde el inicio, nadie creyó la historia oficial que aseguraba que los estudiantes habían sido detenidos por un cártel de la droga e incinerados en un basurero cercano bajo las órdenes del Alcalde local. Ahora, un reporte de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prueba que dicha versión fue creada para ocultar la responsabilidad de fuerzas de seguridad locales, estatales, y federales. El grupo de expertos encontró que los ataques fueron sostenidos y coordinados entre múltiples agencias, incluyendo la policía federal y al ejército. Los hallazgos del reporte confirman una investigación anterior de la Universidad de California, Berkeley, asegurando que el ejército y la policía supieron del ataque en tiempo real y no hicieron nada… o peor. El reporte también concluye que es científicamente imposible que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero, confirmando el escepticismo del Equipo Argentino de Antropología Forense sobre las autoridades mexicanas.

El reporte hizo una importante revelación: el móvil del ataque pudo haber sido motivado por la prohibición de las drogas. Al tomar pacíficamente un autobús para ir a una protesta, los estudiantes pudieron haber interferido, sin saberlo, en el trasiego de un cargamento de heroína posiblemente destinado a Chicago.

La comunidad del estado de Guerrero no ha descansado desde la desaparición de los estudiantes. En su búsqueda, decenas de fosas comunes han sido descubiertas – aunque en ninguna se ha encontrado restos de los estudiantes.

En Noviembre, cuando el Procurador General Jesús Murillo Karam fue cuestionado sobre la dudosa versión oficial, él evadió las preguntas diciendo “ya me cansé”. Sus palabras indignaron a la nación. Con el hashtag #YaMeCansé la sociedad mexicana se levantó en rabia e indignación. Todo el país estaba cansado de la violencia, la corrupción, la impunidad, y del miedo. De las innumerables personas inocentes desaparecidas, asesinadas, torturadas, violadas, desplazadas.

Ayotzinapa muestra que el estado y los cárteles son prácticamente indistinguibles. La poca legitimidad del presidente Enrique Peña Nieto en su país se evaporó rápidamente, y la imagen que había vendido exitosamente al extranjero de un México en paz y listo para la inversión extranjera se extinguió. Cayó la cortina, y el mundo vio a México devastado por la guerra contra las drogas. El caso disparó la movilización nacional que casi ha llevado al gobierno de Peña a arrodillarse. Desde el otoño pasado, las protestas nacionales demandan la renuncia de Peña Nieto, e incluso prendieron fuego al Palacio Nacional.

También Estados Unidos las protestas se han desencadenado, inspirando a comunidades latinas a levantarse y decir que también están cansadas. Un día nacional de acción se llevó a cabo bajo el lema #USTired2 – haciendo un juego de palabras “US”, abreviación en inglés de Estados Unidos, y “us”, nosotros: “Estados Unidos también está cansado, nosotros también estamos cansados” – que incorporó marchas y vigilias en 43 ciudades de Estados Unidos, cada una en el nombre de uno de los normalistas. La campaña exigió el cese de la ayuda militar de Estados Unidos a México que se usa para sostener la guerra contra las drogas, que desde 2007 ha resultado en más de 100,000 muertes, 25,000 desapariciones, y un millón de desplazamientos forzosos.

Las familias de los estudiantes han llevado su lucha a otros países, realizando una caravana a través de los Estados Unidos. También lo han hecho hacia Sudamérica y Europa, compartiendo sus historias, y llamando al mundo a unirse a su lucha para seguir presionando al gobierno desde dentro y fuera del territorio mexicano.

Su comunidad sigue siendo atacada, amenazada, y criminalizada. Por ejemplo, en Agosto, el activista guerrerense Miguel Ángel Jiménez, quien develó varias fosas comunes clandestinas al buscar a los 43 jóvenes, fue asesinado.

Un año después, las familias de los estudiantes siguen en la lucha incesante por el salvo regreso de sus hijos, para encontrar la verdad, para llevar a los perpetradores ante la justicia, y para terminar con la guerra contra las drogas. Se esperan protestas masivas para conmemorar este aniversario en México, donde el movimiento para terminar con la guerra contra las drogas y para la justicia para sus víctimas está en ascenso.

Estamos con Ayotzinapa. Reconocemos el valor y la resistencia de las familias de los estudiantes, sus familias, y sus comunidades; y nos unimos en su reclamo de justicia.

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Daniel Robelo es coordinador de investigación para la Drug Policy Alliance.

Esta entrada de blog es parte de una serie dedicada a conmemorar el impacto de los activistas latinos por la reforma de las políticas de drogas durante este Mes de la Herencia Hispana.

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