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La comunidad migrante de California impulsa la reforma: La Colectividad

Armando Gudiño

En 1965 la administración Johnson promulgó la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dando paso a una transformación en el país que hasta la fecha sigue extendiéndose. Desde entonces más de 59 millones de inmigrantes han venido a los Estados Unidos, haciendo que el 14% de la población esté compuesta por personas que nacieron fuera del país. En 1971, la administración Nixon declaró la guerra contra las drogas que rápidamente se convirtió en una guerra contra los inmigrantes.

Mientras Johnson intentaba terminar con la exclusión selectiva de los inmigrantes, Nixon la reemplazó rápidamente por una política de persecución excluyente bajo el auspicio de la guerra contra las drogas. Hoy, la persecución continúa. De acuerdo con la Universidad de Syracuse, aproximadamente 40,000 personas han sido deportadas cada año debido a violaciones a las leyes de drogas desde el 2008. Una violación no violenta a estas leyes ha sido la causa de la deportación de más de una de cada diez de las personas (11%) deportadas en 2013 por cualquier razón.

El movimiento por la reforma a las políticas de drogas continúa enfrentándose a retos al momento de abordar el tema de migración, que se complica debido a la falta de una reforma completa sobre migración, dejando a los Estados Unidos en un creciente estado de crisis que pareciera no tener solución cercana. Quizás el cambio reside en la comunidad latina/migrante.

Se espera que la población Latina en los Estados Unidos llegue a los cien millones para el 2042, cuando una de cada cuatro personas del país será latina. Más de una docena de leyes para la integración de los inmigrantes han sido aprobadas en California desde el 2001, y la tendencia continúa. En 2015, defensores de los derechos de los migrantes, legisladores, y otros líderes civiles propusieron algunas de las reformas más integrales de la legislación estatal en la nación.

La más reciente serie de legislación en California busca abrazar las contribuciones de los inmigrantes indocumentados. La pieza central de las reformas fue obtener la expansión del acceso a los seguros de salud para los inmigrantes, legislación que fue aprobada por el gobernador este verano. Otras propuestas de ley incluyen leyes que:

  • Establecerán una oficina estatal para nuevos estadounidenses (California Office of New Americans) dentro de la Oficina del Gobernador (Governor’s Office);
  • Limitarán el mal uso del sistema E-Verify (utilizado para evitar que los inmigrantes indocumentados obtengan un empleo, cruzando los datos de su solicitud de trabajo con datos gubernamentales) creando penas para los empleadores que abusen de él;
  • Establecerán que es ilegal que las empresas discriminen a las personas basándose en su situación migratoria, ciudadanía, o lengua;
  • Prohibirán que los abogados y consultores migratorios pidan pagos por anticipado para acciones gubernamentales pendientes sobre inmigración;
  • Permitirán que una persona inmigrante que haya sido víctima del delito aplique para una Victim of Crime Visa, o Visa U; y
  • Permitirán que los acusados de un delito se beneficien de un programa de desviación a la rehabilitación previo al juicio cuando hayan sido detenidos por delitos menores no violentos relacionados con las drogas, incluyendo la elegibilidad a evitar declararse culpable o no culpable; y en muchos casos, poder declararse no culpable, evitando así las consecuencias migratorias adversas.

El último punto de esta lista, el programa de desviación al tratamiento, suspensión de enjuiciamiento y retiro de declaración de culpabilidad (Deferred Entry of Judgement: Pretrial Diversion and Withdrawal of Plea) busca reformar los programas de rehabilitación y prevenir las consecuencias no intencionadas de los delitos menores de drogas, como la deportación. Los programas de desviación previos al juicio aceptan que la rehabilitación – no las duras medidas punitivas – salva vidas y ahorra dinero mientras fortalece nuestras comunidades.

Esta parte de la legislación recientemente obtenida por grupos por los derechos civiles y de los inmigrantes, junto con la Drug Policy Alliance, proveerá de desviación previa al juicio por delitos menores de drogas, protegiendo a los acusados de consecuencias negativas como la pérdida de ayuda federal para la vivienda o la educación, y eliminando consecuencias que surgen de las leyes federal de control de drogas, incluyendo la deportación. La otra parte de la legislación permitirá que individuos que han completado ya los programas de rehabilitación puedan retirar la declaración anterior de culpabilidad. En resumen, esta ley mantendrá unidas a las familias de California, y terminará con esta parte del tratamiento que se les da a los inmigrantes como personas de segunda categoría en nuestro sistema de justicia.

Simpatizantes, activistas, líderes de organizaciones como el Centro de Recursos Legales para el Inmigrante (Immigrant Legal Resource Center - ILRC), Coalición pro Derechos del Inmigrante en Los Ángeles (Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles - CHIRLA) y más organizaciones por los derechos civiles y de los inmigrantes en California han apoyado e impulsado un sinnúmero de leyes que han mejorado las condiciones de vida de los inmigrantes en California. Hoy conmemoramos al inmigrante que han dado pie a una nueva generación que tiene el aplomo y la disposición de unirse a las filas de las generaciones previas, quienes migraron por también buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Hoy conmemoramos a todos los inmigrantes en este país y en todo el mundo, quienes continúan luchando y esforzándose por su derecho a la libre determinación.

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Armando Gudiño es el gerente de políticas en California para la Drug Policy Alliance.

Esta entrada de blog es parte de una serie dedicada a conmemorar el impacto de los activistas latinos por la reforma de las políticas de drogas durante este Mes de la Herencia Hispana.

Hispanic Heritage Month